En marco del conflicto que atraviesa al Concejo Deliberante de La Calera, el pasado lunes 6 de mayo el Poder Judicial de Córdoba emitió un documento firmado por Luis Enrique Rubio, vocal del Tribunal Superior de Justicia. En línea con lo señalado en el dictamen del Ministerio Público Fiscal, en el mismo se resuelven dos cuestiones claves.

Por un lado, informa al Concejo Deliberante, y particularmente a las concejales Sofía Fernández Montero y Analía Marcos, “quienes se arrogan la calidad de presidentes del cuerpo y se atribuyen su representación, que deberán abstenerse de modificar la situación fáctica y jurídica que origina la presentación de autos, como así también suspender toda medida relacionada con el ejercicio de las funciones que se arrogan”.

El punto central es el segundo, ya que se indica “retrotraer la situación al estado de cosas en que se encontraba al momento de la sesión de fecha 23 de febrero (la fallida sesión preparatoria) y encomendar a la concejal Fernández Montero, por ser quien ejercía la presidencia del órgano deliberante hasta ese momento, que convoque -dentro del plazo perentorio de cinco días hábiles-, a una nueva sesión a realizarse dentro de los cinco días hábiles subsiguientes”. En la misma se realizará la elección y/o ratificación de su presidente y demás autoridades del cuerpo en presencia de un veedor judicial que será designado por el Tribunal.

A la negativa

En línea con lo expresado al conocerse el dictamen del fiscal, desde el oficialismo rechazaron esta medida. Anteriormente lo habían fundamentado en distintos puntos, entre ellos que se produjeron “graves irregularidades procesales en la denuncia”.

Ante la consulta de Radio Nexo, Sofía Fernández Montero respondió que “no se trata de una resolución. Es un simple decreto que no está firme, con lo cual nos da la posibilidad de presentar un recurso de reposición del mismo y es lo que vamos a hacer. Seguimos en la misma línea que hemos venido manteniendo”, manifestó.