El conflicto del Concejo Deliberante de La Calera se trasladó a la justicia

El Concejo Deliberante de la ciudad de La Calera continúa atravesado por el enfrentamiento abierto entre oficialismo y oposición por su presidencia.

Todo comenzó el pasado 23 de febrero, en marco de la sesión preparatoria donde estaba prevista la elección de las autoridades del organismo para este año. Para el oficialismo, la presidencia debía continuar a cargo de Sofía Fernández Montero, que venía ejerciendo ese cargo desde que inició la gestión Rambaldi. En tanto, los opositores consideraron que le correspondía a Analía Marcos, concejala de la alianza oficialista Juntos por La Calera pero con el apoyo de la oposición para encabezar el concejo.

Al ser evidente el desacuerdo, de los nueve concejales que había en el recinto, se retiraron cuatro del oficialismo, quedando Marcos junto a los cuatro opositores. Los mismos consideraron que la sesión continuaba y votaron que Marcos se quede con la presidencia. Este hecho no fue menor, ya que en función de la composición del concejo, el oficialismo perdió la mayoría y quedó expuesta la ruptura del bloque que responde al intendente.

A la justicia

Tras este episodio quedaron muchas preguntas en el aire y la sociedad en medio de la confusión. Pasaron las semanas y atento que cada grupo mantuvo su postura, los concejales opositores Gastón Morán, Carmen Luján (bloque Unidos Hacemos por Calera), Juan Moratti y Silvina Reineri (bloque Hacemos por Córdoba) solicitaron la intervención del Tribunal Superior de Justicia (TSJ). Fundamentaron esta petición porque el organismo se encuentra “en una grave crisis institucional, en connivencia con el Poder Ejecutivo Municipal”.

En los últimos días, se conoció el dictamen del Ministerio Público Fiscal. Entre las conclusiones del documento, el fiscal adjunto Pablo Alfredo Bustos Fierro dio curso a la solicitud y respaldó que el TSJ debería expedirse sobre el conflicto ya que se cumplieron ciertos requisitos.

En uno de los puntos, se indica que “en opinión de esta Fiscalía General se encuentran cumplidas las dos condiciones impuestas por el TSJ, en su jurisprudencia, para no menoscabar la autonomía municipal con su intervención: un conflicto institucional grave que altera el normal funcionamiento de las instituciones democráticas municipales y la inexistencia de una vía legalmente prevista para lograr la solución que se pretende obtener mediante la intervención del órgano judicial”.

En esa línea, determina que “este Ministerio Público considera formalmente admisible la acción entablada” y sobre el órgano deliberante indica que “no corresponde suspender su actividad, a fin de no dejar a la comuna sin la posibilidad de ejercer sus funciones legislativas”. Y agrega que a su criterio “implica que quienes se encuentran involucrados en su calidad de autoridades deberán abstenerse de modificar la situación fáctica y jurídica que diera origen a la presentación de que se trata, suspendiendo toda medida relacionada con el ejercicio de sus funciones”. Un punto clave es la sugerencia que “deberá convocarse de forma urgente al cuerpo a una nueva sesión a los fines de la elección y/o ratificación de su Presidente y demás autoridades, en presencia de un veedor judicial”.

Cabe mencionar que en caso de producirse nuevamente la elección de autoridades para el Concejo Deliberante, y de mantenerse las posturas de la sesión preparatoria de febrero, los números darían para que Analía Marcos sea electa presidenta.

La postura del oficialismo

Desde este sector expresaron que al tomar conocimiento del dictamen emitido por el fiscal, Sofía Fernández Montero compareció ante el TSJ “planteando graves irregularidades procesales en la denuncia”, entre las que mencionó: “no haber escuchado a las dos partes, previo a que se emitiera el dictamen; la activa intervención del fiscal corrigiendo la inexacta medida cautelar propuesta por Analía Marcos; que el dictamen se funda en pruebas falsas, ocultando información deliberadamente; y finalmente que no hay daño institucional grave, ya que el concejo nunca dejó de sesionar ni de cumplir su tarea”.

Así lo detallaron en un comunicado donde agregaron que “advirtiendo y denunciando una clara intromisión de los órganos provinciales en la vida política, económica, financiera, administrativa e institucional” de La Calera, solicitaron una audiencia “para exponer la verdad de los hechos”, el apartamiento de los jueces del TSJ “por su cercana vinculación al espacio político opositor rufeilista” y que prime la justicia “por sobre cualquier interés político ajeno al bien común de nuestra ciudad”.

En ese contexto, se conoció también una denuncia penal promovida por Fernández Montero por la posible comisión de uno o varios delitos en torno a ofrecimientos de dinero que habría referido la concejal Marcos. Según se detalla en el documento, esta última “manifestó que se le habría ofrecido una suma de dinero a cambio de desempeñar su cargo de concejal de uno u otro modo, pero en perjuicio y/o detrimento del actual intendente y del bloque de la alianza Juntos por La Calera”.

Al mismo tiempo se comunicó la expulsión de la edil Analía Marcos del bloque de la alianza oficialista.