“Trabajamos a ciegas”, “nuestra firma está en juego” y “tenemos muy poco diálogo”. Con esas definiciones, la presidenta del Tribunal de Cuentas de Saldán, Lucila Leiciaga, y el vicepresidente, Hugo Ceballos, pasaron por los estudios de Radio Nexo durante la mañana de Anexados y volvieron a poner sobre la mesa sus cuestionamientos al funcionamiento administrativo del municipio.
El principal reclamo continúa siendo la falta de balances correspondientes a 2026. Según explicaron, reciben expedientes y órdenes de pago, pero no la información que permite conocer con precisión a qué partidas fueron imputados los gastos.
“Todo 2026 no hemos recibido ningún balance. Vienen las cajas con los expedientes de pago y el balance sobre qué partidas se utilizó para gastar el dinero, no vienen”, señaló Leiciaga.
La situación, según describieron, dificulta el trabajo del organismo porque su intervención se produce después de que los gastos ya fueron realizados.
“Entonces termina siendo un poco un trabajo a ciegas”, sostuvo la presidenta.
Ceballos remarcó que el Tribunal de Cuentas no busca frenar la gestión municipal, sino contar con los elementos necesarios para controlar los fondos públicos.
“Nosotros no estamos para poner palo en la rueda a nadie, sino de poder controlar, de poder hacer bien nuestro trabajo”, afirmó.
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En ese sentido, Leiciaga explicó que el Tribunal revisa desde compras pequeñas hasta contratos y grandes erogaciones y que, cuando encuentra documentación insuficiente, puede devolverla al Ejecutivo o dejar asentada su disidencia.
“Nuestra firma está en juego acá. Si nosotros aprobamos un gasto, estamos avalando que el municipio destinó los fondos suficientes y correctos”, advirtió.
Poco diálogo con el Ejecutivo
Otro de los puntos planteados durante la entrevista fue la relación con el Departamento Ejecutivo. Ambos integrantes del Tribunal aseguraron que el diálogo continúa siendo limitado y que no tienen comunicación directa con la intendenta.
“La verdad que hemos tenido muy poco diálogo”, resumió Ceballos.
Leiciaga fue más contundente al describir el vínculo: “En cuanto al diálogo informal sigue restringido, no tenemos acceso a una comunicación directa con el intendente”.
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De todos modos, destacaron que hubo algunos avances, como la reducción de la cantidad de cajas de expedientes que reciben para su revisión y el pago del fondo fijo del Tribunal.
“También hay que hablar de lo bueno”, aclaró Leiciaga, quien valoró la predisposición municipal en esos aspectos, aunque insistió en que los balances continúan siendo una deuda pendiente.
Contratos bajo la lupa
Durante la entrevista también explicaron que detectaron documentación que les generó dudas en algunos contratos de locación de servicios. En determinados casos, dijeron, lograron comunicarse directamente con los prestadores para obtener facturas, fotografías y documentación respaldatoria. En otros, no obtuvieron respuestas.
“Hay gente que no nos respondió, que tiene un contrato de locación de servicios y otras que sí”, explicó Leiciaga.
Para el Tribunal, la falta de información obliga a realizar controles posteriores sobre gastos que ya fueron ejecutados y demora las verificaciones.
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El viaje a China y el “locro” que podría llegar al gigante asiático
Sobre el viaje de funcionarios municipales y representantes de Saldán a China, Leiciaga aclaró que no cuestionan la iniciativa ni las posibilidades de intercambio comercial, pero reclamó mayor información oficial sobre su financiamiento y los contratos vinculados.
“No estamos cuestionando que tengan acciones con China, ni que vayan, ni nada. Pero bueno, creo que parte de la gestión también es la transparencia”, señaló.
Según explicaron, el Tribunal pidió información porque detectó un contrato de una prestadora que estaría vinculada a tareas de intermediación entre Saldán y China, en el marco de una posible comercialización del tradicional locro local.
“Hay una posibilidad para los vecinos, de puestos de trabajo, de exportar a China. Y creo que la comunidad lo tiene que saber”, sostuvo Leiciaga.
El planteo, remarcaron, no apunta a cuestionar una eventual oportunidad comercial, sino a conocer qué recursos públicos están involucrados y contar con la documentación correspondiente.
La definición que atravesó toda la entrevista volvió a ser la misma: transparencia, documentación y control. Y desde el Tribunal de Cuentas insistieron en que, más allá de las diferencias políticas con el Ejecutivo, su función es técnica y apunta a resguardar el destino de los fondos públicos.
“Podemos estar de acuerdo o en desacuerdo con la cara del Ejecutivo, pero cuando las cosas vienen como tienen que ser, con la documentación correspondiente, las cosas tienen que funcionar”, concluyó Ceballos.
