La polémica por el plan de cerramiento impulsado por la Municipalidad de Villa Allende sumó este jueves un nuevo capítulo: comenzó la instalación del primer portón en barrio Lomas Sur, en medio de un fuerte rechazo vecinal que se mantiene activo y en crecimiento.
Mientras avanzan las obras, que ya habían tenido un primer paso con la colocación de tótems, vecinos y vecinas de distintos sectores de la ciudad se concentraron en la zona de Puerto Argentino y Del Cid, desde donde partieron hacia Tribunales de Córdoba para visibilizar su reclamo.
Marcelo Bianco, integrante de la asamblea de vecinos que se opone a la medida, dialogó con Anexados y explicó que la movilización busca reiterar el rechazo a un proyecto que, según sostienen, “no tiene consenso social” y fue impulsado sin instancias de participación efectiva. “Hace más de quince meses presentamos más de tres mil firmas y nunca hubo una respuesta ni una audiencia pública”, señaló.
El eje del reclamo no solo apunta a la falta de consulta, sino también a los posibles riesgos que implicaría el cerramiento. Entre ellos, mencionan demoras en el acceso de ambulancias o bomberos, dificultades para la circulación cotidiana y complicaciones para personas con movilidad reducida. “Un minuto puede ser la diferencia en una emergencia”, advirtió Bianco.
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Además, cuestionan la viabilidad práctica del sistema. Según describieron, en algunos puntos donde ya se instalaron los tótems existen espacios laterales por donde se puede pasar sin restricciones, lo que, afirman, vuelve ineficaz el objetivo de control. A esto se suman problemas estructurales del entorno, como calles en mal estado, falta de iluminación y terrenos baldíos sin mantenimiento.
Otro de los puntos más criticados es el costo de la obra. De acuerdo a lo planteado por los vecinos, en esta primera etapa se invertirían alrededor de 200 millones de pesos para la colocación de 13 portones en un solo barrio. “Se destinan recursos a una medida que no resuelve la inseguridad, mientras la ciudad tiene múltiples necesidades urgentes”, remarcaron.
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En ese sentido, también pusieron en discusión el enfoque de la política de seguridad. Desde la asamblea sostienen que los delitos en la ciudad están vinculados principalmente a situaciones de vulnerabilidad social y consumo problemático, por lo que consideran que el cerramiento es una respuesta “ineficiente y tardía”.
Con el avance concreto de las obras, el conflicto parece escalar. Incluso, algunos frentistas ya evalúan iniciar acciones judiciales individuales, argumentando posibles perjuicios como la desvalorización de sus propiedades o la afectación directa del acceso a sus viviendas.
Lo que hasta hace semanas era una ordenanza, hoy empieza a materializarse en las calles. Y con los primeros portones en pie, también se consolida un escenario de disputa que, lejos de cerrarse, sigue abierto.
