El conflicto por el peaje en La Calera volvió a escalar este fin de semana, con nuevas movilizaciones de vecinos que sostienen un reclamo histórico: el rechazo al cobro en un tramo que consideran ilegal. La protesta reabre una disputa que, según aseguran, lleva más de 25 años sin solución.
En diálogo con el programa Anexados, Ricardo Moyano, integrante de la mesa de autoconvocados y uno de los impulsores del reclamo, explicó: “Estamos en la tercera ola de una lucha que nunca se detuvo”. El eje central del conflicto es claro: el peaje está ubicado en una zona urbana, algo que, según el contrato original de concesión, no debería existir.
De acuerdo a los vecinos, la instalación contradice el acuerdo firmado con Caminos de las Sierras, que prohíbe peajes en áreas urbanas o suburbanas. “Está documentado. Es una avenida, no una ruta. Tiene semáforos, sendas peatonales, lomadas y velocidad máxima de 60 km/h”, detalló Moyano.
Sin alternativa y con costo obligatorio
Otro de los puntos más cuestionados es la falta de caminos alternativos. La normativa nacional establece que todo peaje debe ofrecer una vía gratuita opcional, algo que en este caso no ocurre. “Los vecinos están obligados a pagar para entrar o salir de sus casas”, remarcan.
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Actualmente, el costo ronda los 3.000 pesos para el público general, aunque los residentes acceden a un descuento que reduce el valor a unos 900 pesos. Sin embargo, denuncian que los aumentos continúan impactando a quienes utilizan sistemas electrónicos de pago.
Reclamos sin respuesta
El conflicto también llegó al ámbito legislativo. Según relatan, el planteo fue presentado ante la Legislatura de Córdoba, donde obtuvo el apoyo de varios bloques opositores, pero no logró avanzar por falta de mayoría.
Además, aseguran haber solicitado audiencias al Gobierno provincial, al ente regulador ERSEP y a la Defensoría del Pueblo, sin obtener respuestas. “Hace años que presentamos notas, documentación y pedidos formales. Nadie nos escucha”, lamentó Moyano.
Protestas y tensión
Las últimas manifestaciones estuvieron marcadas por momentos de tensión. Los vecinos denunciaron presencia policial, amenazas y la detención de un manifestante. “Nos quieren intimidar, pero seguimos reclamando de forma pacífica”, afirmaron.
Pese al desgaste, anticipan que las protestas continuarán. “Esto es completamente ilegal y lo saben. No vamos a parar hasta que se levante el peaje”, sostienen.
Mientras tanto, el conflicto sigue abierto y sin señales concretas de resolución. Una disputa que combina cuestiones legales, económicas y políticas, y que ya forma parte de la historia cotidiana de la región.
