El ordenamiento territorial no es una discusión técnica reservada a especialistas ni un trámite administrativo más. Es, en esencia, la forma en que una comunidad decide cómo habitar su territorio, qué usos prioriza, qué riesgos asume y qué futuro proyecta. De eso hablamos en esta columna: del ordenamiento territorial local y provincial, y de los cambios que hoy se intentan “blanquear” en Villa Allende bajo una lógica cada vez más libertaria y concentrada.
Desde la Asociación Civil Ambiente y Cultura sostenemos dos objetivos centrales que atraviesan este debate. Por un lado, fomentar diseños de ciudades que estén en armonía con el ambiente natural y social. Por otro, promover un ordenamiento territorial local y regional con participación ciudadana, organismos públicos y asociaciones civiles. Estos principios son los que hoy están en tensión.
¿Qué es el ordenamiento territorial?
El ordenamiento territorial tiene que ver con los usos que hacemos del espacio y del tiempo en cada ámbito que habitamos: nuestras casas, los espacios de trabajo, los barrios, las ciudades y las regiones. Siempre existe un orden, incluso cuando creemos que reina el caos. Ese orden permite que las actividades se desarrollen y está atravesado por intereses, conocimientos, herramientas y límites acordados colectivamente.
Cuando esos ordenamientos se amplían —a escala de ciudad, provincia o región— aparecen decisiones clave: hasta dónde se puede avanzar, qué actividades son permitidas y cuáles no, y por qué. No se trata de caprichos, sino de acuerdos sociales que buscan reducir riesgos y proteger bienes comunes.
Antecedentes que importan
Villa Allende tiene una larga historia de decisiones colectivas en materia territorial. En la década del 80, al igual que muchas localidades del país, rechazó la posibilidad de convertirse en basurero nuclear. Esa negativa se plasmó en ordenanzas y cartas orgánicas que establecieron límites claros sobre qué tipo de actividades se aceptan y cuáles no.
Mucho antes, en 1939, una gran inundación marcó el nacimiento institucional de Villa Allende como municipio y dejó una enseñanza fundamental: no urbanizar la zona serrana. Ese acuerdo, sostenido durante décadas, evitó daños mayores y fue reforzado luego de nuevas catástrofes ambientales, como la inundación del año 2000 en Sierras Chicas.
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A partir de allí, se avanzó en declarar áreas de reserva natural, hídrica y recreativa, reconociendo los múltiples usos y funciones del territorio serrano.
La ordenanza 37 y lo que hoy se quiere modificar
En 2019, la ordenanza 37 consolidó un esquema básico de ordenamiento territorial para Villa Allende, dividiendo el municipio en tres grandes áreas:
- el área rural de llanura (hacia el aeropuerto),
- el área urbana consolidada,
- y el área rural serrana, donde se encuentra la reserva.
Este marco fue resultado de años de trabajo del Consejo Municipal de Ambiente y estableció límites claros, especialmente sobre la zona serrana, que no debería ser modificada.
Sin embargo, en los últimos años —y con mayor intensidad recientemente— se impulsa una reforma que pretende reordenar ciertos sectores urbanos y corredores estratégicos, como Padre Luchesse, Goycoechea, Neuquén o Río de Janeiro, habilitando edificación en altura y cambios en el uso del suelo.
Aunque el área serrana no aparece formalmente incluida en estos cambios, sí se ven afectadas zonas sensibles, incluso áreas protegidas por leyes provinciales, como sectores cercanos a la reserva y al corredor Elpidio González, donde se intenta modificar usos del suelo en zonas catalogadas como “rojas”.
El avance inmobiliario y los riesgos invisibilizados
Lo que está ocurriendo en Villa Allende es, en gran medida, el blanqueamiento normativo de transformaciones ya impulsadas por un sector inmobiliario concentrado. Un modelo que prioriza la densificación y la rentabilidad, pero deja de lado variables fundamentales como el riesgo hídrico, la capacidad real del territorio y la calidad de vida de quienes ya habitan la ciudad.
Uno de los puntos más críticos es el agua. No alcanza con crear fondos especiales de infraestructura financiados por desarrollistas si el recurso hídrico es limitado. El problema no es sólo la red: es la disponibilidad de agua potable, la protección de los bosques que recargan acuíferos y la planificación a escala regional, donde la provincia tiene un rol indelegable.
Hoy Villa Allende enfrenta una profunda desigualdad hídrica: barrios con piletas de más de 20.000 litros conviven con otros que sufren cortes rotativos, baja presión o priorización del servicio hacia urbanizaciones cerradas. Esa desigualdad también es resultado de decisiones territoriales.
¿Qué ciudad queremos?
Modificar una ordenanza tan importante como la 37 requiere, por normativa vigente, instancias de audiencia pública y participación ciudadana real. La población tiene derecho a conocer qué cambios se proponen, qué impactos tendrán en los barrios, en los servicios, en los espacios de encuentro y en el ambiente.
El ordenamiento territorial define quién puede seguir viviendo en la ciudad y quién es expulsado. Hoy, muchas localidades de Sierras Chicas —como Villa Allende, La Calera o Unquillo— están expulsando a jóvenes y familias que no pueden acceder a la tierra ni a la vivienda. La ciudad se vuelve cada vez más elitizada y menos propia.
Por eso insistimos: el territorio es de quienes lo habitan. Debatir estos cambios no es un obstáculo al desarrollo, sino una condición básica para que el desarrollo sea justo, sostenible y verdaderamente comunitario. Conocer las normas, leer los proyectos y exigir participación no es una opción: es un derecho.
Por Joaquín Deón y Alberto Sánchez – Asociación Civil Ambiente y Cultura
Columna emitida en Anexados
