El conflicto en barrio Sierra Nueva, en Mendiolaza, suma un nuevo capítulo. Luego de los reclamos de vecinos por embargos, amenazas e intimaciones de pago, el municipio fijó su postura: se trata de un barrio abierto y la disputa con la sociedad por acciones simplificada (SAS) deberá resolverse en la Justicia.
En diálogo con Radio Nexo, el jefe de Gabinete municipal, Javier Masuero, explicó que “hay una situación entre una SAS y vecinos de un barrio que en Mendiolaza es un barrio abierto, incluso determinado por ordenanza”. En ese sentido, remarcó que el vínculo entre la sociedad y algunos propietarios responde a “un acuerdo entre partes, un acuerdo privado en el que el municipio no interviene”.
Desde el Ejecutivo local ya habían emitido dictámenes el año pasado en los que se deja en claro que la urbanización no es un barrio privado. “El municipio no tiene ningún tipo de vínculo con esta SAS ni le ha dado autorización para actuar sobre espacios de uso público”, afirmó Masuero.
Controles, sanciones y servicios
Ante denuncias por intervenciones de la sociedad en el barrio, el funcionario señaló que se activaron mecanismos de fiscalización.
“Cualquier intervención sin autorización está fuera de norma y es pasible de sanciones”, indicó, y confirmó que ya se aplicaron multas y apercibimientos en algunos casos vinculados al mantenimiento de espacios verdes.
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Al mismo tiempo, destacó que el municipio reforzó su presencia en el sector, una zona con características complejas por su ubicación en pie de montaña y calles de tierra con pendientes.
“Hemos puesto todos los recursos para prestar servicios de manera permanente, como mantenimiento de calles, recolección de residuos e iluminación”, sostuvo. Incluso, detalló la instalación de luminarias solares ante la falta de tendido eléctrico.
Mediación sin avances
Masuero también se refirió a los intentos del municipio por mediar en el conflicto, aunque sin resultados positivos. “No hemos tenido el éxito que nos hubiera gustado para sentar a las partes en un diálogo constructivo”, reconoció.
En relación a los vecinos que no forman parte de la SAS pero recibieron intimaciones o amenazas, el funcionario fue claro: “Si hay una intimación, la resolución debe darse en el ámbito judicial. El municipio no tiene esa potestad”.
Un conflicto que sigue escalando
Mientras la tensión persiste en Sierra Nueva, el municipio insiste en su rol: garantizar servicios, hacer cumplir la normativa vigente y sostener que se trata de un barrio abierto. La disputa de fondo, sin embargo, continuará en los tribunales, donde deberá definirse el alcance de los acuerdos privados y su impacto sobre los vecinos.
