“Modificar la convivencia es hablar de libertades”: duras críticas de Luciana Echevarría al nuevo Código

La legisladora provincial Luciana Echevarría (MST – Frente de Izquierda Unidad) pasó por el programa Anexados, donde realizó un fuerte análisis crítico sobre las recientes modificaciones al Código de Convivencia de la Provincia de Córdoba, aprobadas en la Legislatura con el acompañamiento de casi toda la oposición, salvo su bloque.

Echevarría cuestionó el modo acelerado en que se trató el proyecto y señaló las constantes idas y vueltas del oficialismo en las comisiones previas. “Estamos hablando de contravenciones y penalidades que implican días de arresto. Es decir, de la libertad de las personas. No es algo para tratar con liviandad”, remarcó.

Uno de los puntos centrales de su crítica fue el aumento de facultades al Ministerio de Seguridad, encabezado por Juan Pablo Quinteros. Según explicó, los primeros artículos aprobados le otorgan al ministro la posibilidad de diseñar, planificar y ejecutar toda la política contravencional, incluso con protocolos propios.
“Le están dando amplias facultades a un funcionario del que somos muy críticos por su accionar y por su mirada sobre la protesta social”, afirmó.

En ese sentido, alertó sobre la incorporación de nuevas figuras que agravan penas por supuestos ‘agravios’ a la policía, incluso en redes sociales. “Cualquier insulto, expresión o cartel puede ser considerado un agravio y derivar en arrestos. Eso le da un margen enorme de discrecionalidad a una fuerza que ya tiene muchos cuestionamientos por abusos de autoridad”, sostuvo.

También diferenció el rol policial del de otros trabajadores incluidos en el mismo artículo, como docentes y personal de salud:
“No es lo mismo. Solo los policías están armados y solo ellos te pueden llevar preso. Por eso es muy grave equiparar situaciones”.

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Sobre la situación de cuidacoches y limpiavidrios, Echevarría explicó que, si bien el debate se postergó parcialmente, se aprobó un artículo que otorga 120 días a los municipios para regular la actividad. Sin embargo, advirtió que el objetivo final es eliminar el pago voluntario:
“Si los municipios no los autorizan y se elimina el pago voluntario, directamente se busca borrarlos del mapa. Estamos hablando de personas que no tienen otro sustento”.

La legisladora también amplió su análisis al plano político y económico, señalando una “derechización” del gobierno provincial, en sintonía con las políticas nacionales. Comparó las reformas de seguridad con el “estilo Bullrich” y cuestionó el presupuesto aprobado:
“Está basado en variables macroeconómicas ficticias. Presupuestan a la baja, después recaudan más y usan esos fondos de manera discrecional”.

En cuanto a la reforma previsional, explicó que el aumento de aportes a los trabajadores activos —de entre el 2% y el 8%— no garantiza la restitución real del 82% móvil para los jubilados, como sostiene el gobierno.
“Ese 82% es un techo, no un piso. Y además lo compensan con sumas no remunerativas, discrecionales, que hoy están y mañana no”, denunció.

Finalmente, Echevarría reflexionó sobre el escenario político actual y el rol de la izquierda y el progresismo. Planteó que no se trata solo de una derechización social, sino de una fuerte polarización, y llamó a construir una alternativa política más amplia y unificada:
“Para enfrentar el ajuste no alcanza solo con la calle. También hay que disputar políticamente y construir algo nuevo, con protagonismo de los de abajo”.

La legisladora cerró destacando luchas recientes que lograron avances, como el financiamiento universitario y la pelea del Hospital Garrahan, y llamó a no perder el rumbo de cara al 2026.