La revocatoria de mandato contra la intendenta de Mendiolaza, Adela Arning, sumó un nuevo capítulo judicial y cambió el escenario previsto para los próximos días. El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) resolvió otorgarle efecto suspensivo al Recurso Extraordinario Federal presentado por la jefa municipal, por lo que quedó frenada la continuidad del proceso y, en consecuencia, la votación que estaba prevista para el próximo 29 de noviembre.
La resolución, firmada el 18 de noviembre, establece que la suspensión se mantendrá hasta que el propio Tribunal se expida sobre la admisibilidad formal del recurso con el que Arning busca llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Para ello, dispuso correr traslado a la otra parte y al Fiscal General de la Provincia por un plazo de diez días, en forma sucesiva. El fallo fundamenta la decisión en las “particulares circunstancias de la causa” y en la necesidad de resguardar la eficacia de una eventual decisión posterior.
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Desde el oficialismo municipal interpretaron la medida como un reconocimiento a los planteos que vienen realizando sobre el desarrollo del proceso. Sostuvieron que el TSJ tomó esta decisión “en consideración de todas las irregularidades del proceso” y señalaron que la resolución responde a los escritos presentados por la defensa de Arning, en los que denunciaron supuestos atropellos al procedimiento y a la democracia. Además, informaron que el Tribunal ordenó derivar el expediente para que se investigue el accionar de la jueza de Paz ante la Oficina de Asistencia y Control de los Jueces de Paz.

Del otro lado, Alberto Dalmazzo, uno de los vecinos impulsores del pedido de revocatoria, cuestionó duramente la decisión judicial. En diálogo con Radio Nexo, aseguró que se trata de una situación inédita: “Es la primera vez en la historia de la Justicia cordobesa que cuando uno pide un recurso federal tenga efecto suspensivo”. Según explicó, ahora deberán esperar la resolución del TSJ sobre la admisibilidad del recurso presentado por la intendenta.
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Dalmazzo remarcó que, desde su perspectiva, la decisión no invalida lo conseguido hasta el momento por los vecinos. “La revocatoria salió. Lo que ahora se suspendió es la elección“, afirmó. También manifestó su malestar por la postergación de la consulta popular y aseguró que entre los impulsores del proceso hay “una desazón tremenda“, porque esperaban que los vecinos pudieran expresarse en las urnas el próximo 29 de noviembre.

El referente vecinal rechazó además que el reclamo responda a una disputa entre sectores políticos que perdieron las elecciones de 2023, como sostiene Arning. “Esto es totalmente un grupo de vecinos que nos hartamos de su manera de gobernar“, expresó, y sostuvo que las aproximadamente 1.600 personas que acompañaron con su firma el pedido esperan que se respete la voluntad popular. Para Dalmazzo, si el recurso obtiene finalmente el aval del TSJ con efecto suspensivo, la posibilidad de realizar el plebiscito quedaría fuera de discusión por ahora.
Así, Mendiolaza vuelve a quedar atravesada por una disputa que combina conflicto político y judicial. Por el momento, no habrá votación el 29 de noviembre y la continuidad del proceso dependerá de la próxima decisión del Tribunal Superior de Justicia. Una resolución que puede definir no solamente el futuro de la revocatoria, sino también el escenario político de la ciudad.