En el Día Mundial para la Prevención del Abuso Sexual contra Niñas, Niños y Adolescentes, la necesidad de visibilizar una de las formas más graves de vulneración de derechos volvió a ocupar un lugar central. En diálogo con Kari Lombardi, en Anexados, Gaviota Stivala, socióloga e integrante del área de Mujeres, Géneros, Diversidades y Derechos Humanos de Salsipuedes, recientemente incorporada al equipo de la Oficina de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, puso el foco en la prevención, el acompañamiento y las responsabilidades institucionales.
La dimensión del problema es alarmante. Durante la entrevista, Stivala compartió estadísticas atribuidas a organismos internacionales como UNICEF y Naciones Unidas: una de cada cinco niñas y uno de cada siete niños atravesaría alguna situación de abuso sexual antes de cumplir los 18 años. Además, señaló que alrededor del 74% de las situaciones se producen en círculos de confianza, como el entorno familiar, las amistades y otros espacios cercanos. Una realidad que vuelve todavía más complejo romper el silencio y pedir ayuda.
En ese contexto, desde Salsipuedes vienen impulsando una campaña de visibilización a través de las redes sociales y promovieron una ordenanza municipal para adherir a la jornada internacional. La iniciativa busca que la adhesión no sea solamente simbólica, sino que permita desarrollar campañas de prevención, concientización y promoción de derechos. También se trabaja en articulación con las instituciones educativas, utilizando la Educación Sexual Integral (ESI) como una herramienta fundamental para que las infancias conozcan sus cuerpos, el consentimiento y puedan identificar situaciones abusivas.

“No es responsabilidad de las niñeces y de las adolescencias poner freno a esta situación, sino que somos las adultas y los adultos y las instituciones quienes tenemos la responsabilidad de tomar esto y hacernos cargo“, remarcó Stivala. En esa línea, hizo especial hincapié en la importancia de escuchar y creer cuando una niña, un niño o un adolescente logra expresar una situación de abuso. “Cuando alguien nos comenta, nos dice, de la manera que pueda, lo importante es creer y acompañar“, sostuvo. Evitar el descreimiento, la culpabilización y la revictimización resulta fundamental para que el silencio no vuelva a imponerse.
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La socióloga también planteó su preocupación por el escenario nacional y el impacto de las políticas del Gobierno de Javier Milei sobre los dispositivos de protección. Señaló que el recorte presupuestario, el debilitamiento de las políticas públicas y los discursos que relativizan las violencias de género y los abusos contra las infancias generan consecuencias concretas en los territorios. “Tenemos leyes que están vigentes y que no tienen financiamiento para su implementación. Los municipios están sosteniendo todo“, advirtió, al describir las dificultades que enfrentan los equipos locales para garantizar acompañamiento y respuestas efectivas.


“Estos discursos avalan un recrudecimiento de las violencias“, agregó. Frente a ese panorama, defendió la necesidad de fortalecer las redes comunitarias, la articulación entre instituciones y la formación de los equipos profesionales. El desafío, explicó, es construir políticas situadas, capaces de acompañar a las infancias en los distintos espacios que transitan: escuelas, centros de salud y ámbitos comunitarios.
La conversación dejó un mensaje que excede una fecha del calendario: proteger a las infancias no es una cuestión ideológica, es una obligación colectiva. Para prevenir los abusos hacen falta educación, escucha, instituciones preparadas y políticas públicas con presupuesto. Porque cuando el Estado retrocede y el silencio gana terreno, quienes quedan más expuestos son precisamente quienes necesitan mayor protección.