La Cámara de Diputados dio media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo, en una sesión extensa y cargada de tensión política y social. La iniciativa ya había sido aprobada por el Senado, pero tras las modificaciones introducidas en la Cámara baja deberá volver para su ratificación definitiva.
La votación se concretó en la madrugada con 135 votos a favor y el rechazo de la oposición (115 votos negativos), en un contexto atravesado por un paro general, movilizaciones y protestas en las inmediaciones del Congreso.
El oficialismo logró avanzar con el respaldo de bloques aliados y sectores dialoguistas, mientras que Unión por la Patria, el Frente de Izquierda y parte de otros espacios votaron en contra y denunciaron un retroceso en derechos laborales.
Entre los cambios incorporados, se eliminó el artículo que habilitaba la reducción salarial durante licencias médicas, pero el núcleo del proyecto —que modifica indemnizaciones, formas de contratación, organización del tiempo de trabajo y negociación colectiva— se mantiene.
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Durante el debate, distintos diputados advirtieron que la reforma consolida un esquema que fortalece a las empresas en detrimento de la protección del trabajador. También se alertó sobre el posible aumento de la litigiosidad y la pérdida de garantías históricas, incluida la vigencia de estatutos profesionales.
Desde el oficialismo defendieron la iniciativa bajo el argumento de que el actual marco laboral desalienta la creación de empleo formal. Sin embargo, voces opositoras sostienen que la norma implica una flexibilización que abarata despidos, debilita la negociación sindical y traslada riesgos al trabajador.
El proyecto ahora regresa al Senado, donde el Gobierno busca una aprobación rápida para convertir la reforma en ley antes de la apertura de sesiones ordinarias del 1° de marzo.
La discusión, lejos de cerrarse, entra en su tramo final con un escenario de fuerte conflictividad social y con un interrogante de fondo: si la reforma generará empleo o consolidará un nuevo retroceso en derechos laborales.
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