El pasado miércoles 22 de febrero se llamó a una sesión extraordinaria en el Concejo Deliberante de Villa Allende para tratar una "Carta oferta", elaborada por el ejecutivo, para saldar una deuda pendiente con la empresa energética EPEC, correspondiente al periodo de septiembre 2017 hasta diciembre del 2022 por una suma de 14,4 millones de pesos a saldar en un solo pago.

Algo similar había ocurrido en diciembre del 2022 cuando desde el ejecutivo se propuso una "carta oferta", pero por un monto de 35 millones de pesos a pagar en 60 cuotas. Propuesta que el Concejo por mayoría finalmente rechazó.

Varias son las preguntas que surgieron a raíz de esto.

Por un lado la diferencia de dinero (más de veinte millones), pero lo que más entró en debate es la legalidad del pago de la misma por su antigüedad.

El Concejal Julio Loza, argumentó que parte de esta deuda ya tiene más de dos años de antigüedad y abrazándose al artículo 2562 del Código Civil y Comercial de la Nación dijo que "no debemos pagar deuda prescripta" e hizo hincapié en que el pago de la misma "es un arreglo del ejecutivo con la provincia por una urgencia de pago de EPEC para con CAMMESA".

El artículo del Código Civil y Comercial de la Nación antes mencionado estipula que una deuda entre consumidores y usuarios caduca a los dos años. Pasado este plazo, toda acción legal que busque realizar el acreedor carece de efecto, mientras deja de existir una exigencia para realizar el pago de la misma.

Lo cierto es que el 22 de febrero se aprobó la primera lectura para darle tratamiento y el día primero de marzo realizar la audiencia pública. Audiencia que a pesar del apagón a nivel nacional se realizó.

En el arranque de la audiencia pública, el actual Secretario de planificación, Pablo Cornet fue la voz cantante, intentando explicar la situación de la deuda para con EPEC. El pre candidato a intendente por parte del oficialismo estuvo acompañado por la Secretaria de hacienda y un ingeniero contratado por la Municipalidad.

Un puñado de no más de 20 vecinos le cuestionaron la posición al ejecutivo, de pagar una deuda que no debería abonarse, ya que habría caducado.

Un dato que llamó poderosamente la atención, algo pocas veces visto (por no decir nunca) generó bastante sorpresa: algunos concejales (del oficialismo y de la oposición) dejaron su lugar para ubicarse al lado de los ciudadanos presentes y de esa forma poder realizar preguntas, situación que no está permitido en las audiencias públicas. El primer concejal en levantar la mano fue la opositora María Angélica Alcorta, seguida por el oficialista Jabase. Cabe destacar que Marta Banegas también se ubicó entre la gente que dijo presente.

Lamentablemente el eje de la audiencia pública terminó virando hacia la discusión sobre si los funcionarios pueden o no preguntar. Julio Loza, flamante Presidente del Concejo Deliberante, aclaró que desde lo legal estaban habilitados, aunque no deberían.

La polémica tocó techo cuando pidió la palabra el secretario de gobierno Felipe Crespo, algo que generó malestar en el recinto.

Lo cierto es que a pesar de la audiencia no se llegó a un buen puerto y siendo metafóricos con el corte de luz, hubo más oscuridad que claridad.

Un bochorno, una oportunidad perdida en una audiencia pública que terminó siendo una interna partidaria.

Se espera que para la próxima semana se llegue a un acuerdo y se pueda votar. Por un lado el oficialismo anunciando que si no se paga este acuerdo, el numero en consecuencia será mayor. Por el otro Concejales y vecinos que quieren claridad en los números y tranquilidad en sus bolsillos.