En diálogo con Anexados, el presidente de la Asociación de Cooperativas Colón Punilla Agua y Saneamiento, Raúl Hoya, brindó precisiones sobre el funcionamiento del sistema de provisión de agua en Sierras Chicas y se refirió al conflicto generado tras el reciente corte que afectó a varias localidades del corredor.
Hoya explicó que la asociación presta un servicio mayorista, es decir, entrega agua “en bloque” a municipios y cooperativas, que luego se encargan de la distribución domiciliaria en cada localidad.
“Nosotros operamos un sistema integrado con plantas potabilizadoras, estaciones de bombeo y el acueducto Sierras Chicas Norte. Nuestra responsabilidad es garantizar que esas fuentes alimenten a todas las localidades”, detalló.
Entre las ciudades alcanzadas se encuentran La Calera, Saldán, Villa Allende, Mendiolaza, Unquillo, Río Ceballos, Agua de Oro y La Granja, entre otras.
Cómo funciona el sistema
La infraestructura sigue siendo propiedad de la Provincia, que concesionó a la asociación la operación y mantenimiento. Para sostener el servicio, la entidad depende de una tarifa regulada por el ERCEP, que contempla costos e inversiones.
“Necesitamos cobrar para poder operar y mejorar el sistema. Sin recursos es imposible funcionar”, remarcó Hoya.
En ese sentido, aclaró que la asociación no factura a los vecinos directamente, sino a los prestadores locales (municipios o cooperativas), quienes luego establecen sus propias tarifas.
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El corte de agua: qué pasó realmente
Sobre el corte reciente que generó preocupación en la región, Hoya fue contundente: se debió a una rotura de un caño troncal de gran tamaño en la planta de La Calera.
“No fue por falta de inversiones ni por deudas. Se rompió un caño de 800 milímetros, algo que puede ocurrir por múltiples factores”, explicó.
Además, señaló que el problema afectó a todo el corredor, desmintiendo versiones que vinculaban el corte con conflictos de pago.
La deuda de La Calera y posible restricción
Uno de los puntos más sensibles de la entrevista fue la situación de La Calera, que mantiene una deuda con la asociación cercana a los 800 millones de pesos.
Según Hoya, el municipio dejó de pagar varias facturas correspondientes al servicio actual, pese a haber recibido el suministro de manera regular.
“El servicio se prestó y debe ser abonado. No hay justificativo para esta situación”, afirmó.
Consultado sobre las posibles consecuencias, advirtió: “No queremos conflicto, pero si esto continúa podría haber una restricción del suministro, manteniendo siempre un caudal mínimo por tratarse de un servicio esencial”.
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Un llamado a regularizar la situación
Desde la asociación insistieron en que el objetivo no es confrontar, sino garantizar el funcionamiento del sistema y avanzar en mejoras e inversiones.
“No nos interesa la política ni los conflictos mediáticos. Solo necesitamos que cada uno cumpla con su parte para que el servicio funcione correctamente”, concluyó Hoya.
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