La defensa de la universidad pública volvió a hacerse sentir en las calles. Este jueves, miles de personas participaron de la quinta Marcha Federal Universitaria, una movilización que tuvo réplicas en todo el país y una convocatoria masiva en Córdoba, con estudiantes, docentes, trabajadores, autoridades universitarias y organizaciones sociales.
En la capital provincial, la columna partió desde el Monumento a la Reforma Universitaria, en Ciudad Universitaria, y avanzó hacia el centro hasta la explaza Vélez Sársfield, donde se realizó el acto central y se leyó un documento con los principales reclamos del sector. También hubo movilizaciones en ciudades del interior cordobés, como Río Cuarto, Villa María y San Francisco.
El reclamo central volvió a ser el mismo: que el Gobierno nacional cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario y garantice los recursos necesarios para sostener el sistema público de educación superior. La comunidad universitaria también exige una recomposición salarial para docentes y no docentes, mejores becas estudiantiles y un presupuesto adecuado para el funcionamiento de las instituciones.
El rector de la Universidad Nacional de Córdoba, Jhon Boretto, insistió en la necesidad “de contar con un presupuesto digno” y reclamó una respuesta positiva del Gobierno. La movilización también puso en discusión las partidas previstas para las universidades en el Presupuesto 2027.
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Una ley que debe cumplirse
La masividad de la convocatoria vuelve a poner en evidencia la dimensión del conflicto. No se trata solamente de una discusión presupuestaria: está en juego la capacidad de las universidades para enseñar, investigar, producir conocimiento y garantizar oportunidades de formación para miles de argentinos.
La Ley 27.795 de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente fue aprobada por el Congreso y ratificada tras el veto presidencial. Además, existen decisiones judiciales que ordenan avanzar con aspectos de su cumplimiento.
En un Estado de derecho, las leyes no pueden quedar sujetas a la voluntad del gobierno de turno, ni los fallos judiciales convertirse en sugerencias. El financiamiento de la educación pública exige decisiones concretas, recursos y respeto por las instituciones.
La quinta Marcha Federal Universitaria dejó una nueva imagen contundente: una comunidad dispuesta a defender una conquista histórica. La pregunta ahora es cuánto más deberá movilizarse la sociedad para que el Gobierno escuche el reclamo y cumpla con sus obligaciones.
