La causa por el token $LIBRA suma nuevos capítulos y profundiza el impacto político sobre la gestión del presidente Javier Milei, en medio de denuncias cruzadas, sospechas de encubrimiento y un marcado hermetismo por parte del oficialismo.
En las últimas horas, la Comisión Investigadora de la Cámara de Diputados anunció que denunciará al fiscal Eduardo Taiano por presunto “encubrimiento” y por haber entorpecido el avance de la causa judicial. El planteo fue encabezado por el diputado Maximiliano Ferraro, quien advirtió que el caso podría constituir una “estafa millonaria” y representa una situación de gravedad institucional.
Desde el Congreso, la oposición redobla la presión para esclarecer las responsabilidades políticas detrás del lanzamiento del activo digital. En ese marco, se impulsa un pedido de informes al Poder Ejecutivo que alcanza no solo al Presidente, sino también a su entorno más cercano: la secretaria general Karina Milei, el asesor Santiago Caputo y el economista Demian Reidel, entre otros.
El foco también está puesto en el empresario tecnológico Mauricio Novelli, señalado en diversas investigaciones como una pieza clave en la operatoria vinculada a $LIBRA. Según trascendió, registros de comunicaciones lo vinculan con el Presidente, lo que alimenta las sospechas sobre el grado de conocimiento y մասնակցación oficial en el proyecto.
Además, los legisladores anticiparon que buscarán la interpelación en Diputados del vocero presidencial Manuel Adorni y de Karina Milei, con el objetivo de que expliquen reuniones y contactos previos y posteriores al lanzamiento del token.
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Mientras tanto, en la Casa Rosada predomina el silencio. La estrategia oficial se limita a sostener que “la Justicia debe investigar” y a negar cualquier elemento que comprometa al jefe de Estado. Sin embargo, no hubo hasta ahora una respuesta política contundente frente a las revelaciones que continúan surgiendo.
Desde la oposición, advierten que las pruebas acumuladas indican que la promoción de $LIBRA “no fue improvisada ni accidental”, sino parte de una iniciativa con vínculos directos con el poder. En ese contexto, no se descarta una ampliación de la investigación parlamentaria para delimitar responsabilidades dentro del Ejecutivo.
El escándalo, que ya trasciende lo judicial para instalarse en el terreno político, amenaza con convertirse en uno de los mayores desafíos para la administración de Milei, en un momento donde el Gobierno busca sostener su agenda económica mientras crecen las dudas sobre su entorno y sus decisiones.
